1º El juez, árbitro u otro funcionario que, teniendo a su cargo la dirección o decisión de
algún asunto jurídico, resolviera violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de
las partes, será castigado con pena privativa de libertad de dos a cinco años.
2º En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumentada
hasta diez años.
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